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  • La Voz de Coria

CSIF pide a las administraciones que "obliguen" a Mersant a "pagar su deuda con 450 vigilantes"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este lunes a las puertas del Parlamento de Andalucía para "exigir a las administraciones que intervengan ante Mersant Vigilancia y consigan que esta empresa abone la deuda que mantiene desde hace meses con su plantilla de trabajadores, la mayoría de los cuales opera en esta comunidad autónoma". Según el Área de Seguridad Privada de CSIF-A, en toda España hay afectados unos 750 empleados y empleadas y 450 de ellos están en Andalucía.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este lunes a las puertas del Parlamento de Andalucía para "exigir a las administraciones que intervengan ante Mersant Vigilancia y consigan que esta empresa abone la deuda que mantiene desde hace meses con su plantilla de trabajadores, la mayoría de los cuales opera en esta comunidad autónoma". Según el Área de Seguridad Privada de CSIF-A, en toda España hay afectados unos 750 empleados y empleadas y 450 de ellos están en Andalucía.

CSIF y el resto de organizaciones participantes en la protesta, a la que han asistido unas 300 personas, han reclamado a la Junta de Andalucía y a otras administraciones locales que "no miren para otro lado mientras una empresa contratada con dinero público incumple el convenio y los derechos laborales de la plantilla", de ahí que hayan exigido el cumplimiento estricto del convenio o la "anulación inmediata" de todas las adjudicaciones que tiene la empresa, según recoge un comunicado. También han lamentado la "dramática situación de muchos trabajadores que no tienen dinero para mantener a sus familias", ha recalcado el responsable de Seguridad Privada de CSIF Andalucía, Enrique Ruiz.

Mersant "debe las nóminas de diciembre y enero, así como la paga extra de Navidad en el caso de decenas de profesionales", han apuntado. La empresa, que es andaluza, trabaja para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Sevilla y Cádiz y los Ayuntamientos de esas dos capitales y el de Chiclana. También custodia la Casa Museo Blas Infante, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Parque Natural Los Toruños (El Puerto de Santa María), oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), juzgados y otras instalaciones públicas dependientes de la Junta, con la que ha firmado trece contratos en los cinco últimos años. "El último de ellos data de enero de este mismo año para vigilar los juzgados de La Línea de la Concepción (Cádiz)", ha destacado el sindicato.

Según CSIF, los trabajadores sufren una situación "extrema e insostenible" no sólo por el impago de sus salarios, sino por "el retraso en las resoluciones sobre la infinidad de denuncias cursadas contra la empresa". En este sentido, los seis sindicatos profesionales del sector ya firmaron una notificación conjunta dirigida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas para "que actuasen 'ipso facto' y conminasen a la empresa fraudulenta a saldar su deuda con los vigilantes de seguridad y restablecer de inmediato la regularidad en el abono de sus nóminas".

Los representantes de los trabajadores también exigen un cambio en el sistema de licitación pública para que no se adjudiquen a la baja, lo que antiguamente se llamaban "bajas temerarias", ni primen el capítulo económico. "Con este sistema, que premia la oferta más barata, no entran empresas solventes, lo que inevitablemente genera impagos. La prioridad debería centrarse en la solvencia de la empresa y el estudio y la técnica", ha reclamado Ruiz.

PODEMOS PIDE A LA JUNTA QUE IMPIDA A MERSANT ACCEDER A NUEVAS LICITACIONES

A la protesta ha acudido la secretaria general de Podemos Andalucía y portavoz de Unidas Podemos, Martina Velarde, quien ha "comprometido el apoyo de la formación morada a sus reivindicaciones y la adopción de todas las medidas a su alcance para poner fin a la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores", según ha recogido un comunicado de la formación.

Velarde ha trasladado esta mañana su apoyo a los trabajadores de Mersant Vigilancia ante la situación de "maltrato laboral" que sufren y ha instado a las administraciones autonómica y municipales a "evitar cualquier nueva licitación con esta compañía hasta que no salde sus deudas con la Seguridad Social y pague la totalidad de las nóminas debidas a sus empleados". Según ha apuntado la dirigente, seguir contratando a empresas que operan desde la ilegalidad "fomenta la competencia desleal" y envía un "peligroso mensaje de tolerancia" desde el ámbito político hacia prácticas "que atentan contra la vida de las familias andaluzas".

En este sentido, ha incidido en que "las malas prácticas de Marsant Vigilancia están causando un daño irreparable en las economías personales y en las vidas de* multitud de familias, además de poner en entredicho las políticas de licitación y adjudicación de los contratos gestionados por las administraciones públicas y sufragados con el dinero de los contribuyentes". Por ello, ha reclamado al Gobierno andaluz que "ponga fin al enriquecimiento de empresas incumplidoras que juegan impunemente con la subsistencia de sus empleados".

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